CIUDAD DE MÉXICO.
Los edificios que se derrumbaron o dañaron durante el sismo del 19 de septiembre deben ser sometidos a una investigación judicial que deslinde responsabilidades penales en caso de que se descubran actos de corrupción, consideró Margarita Favela, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
El convertir en un problema judicial los derrumbes implica forzar una investigación puntual», consideró.
Durante la Mesa Redonda Entre la Tierra que se Mueve y la Sociedad que se Cimbra, la investigadora consideró que no es suficiente argumentar que los edificios derrumbados estaban en suelo inestable, sino que existen indicios de que la regulación para las construcciones no se cumplió.
